“Ante la Emergencia Climática, una Lucha por la Vida”

Leer aquí en portugués e inglés.

Urgencia de la crisis climática

Nos encontramos en un punto de inflexión histórico. La grave crisis climática que enfrentamos no es un accidente ni un desastre natural, sino la consecuencia directa de un sistema capitalista depredador que prioriza el lucro y la guerra por encima de la vida. Como conjunto de movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe articuladas en la Campaña Global para exigir Justicia Climática (DCJ, por sus siglas en inglés) y la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) alzamos nuestra voz para denunciar las falsas soluciones frente al cambio climático y exigir un cambio real y profundo, conducido por los pueblos desde sus territorios.

El motor de la crisis: la industria fósil y sus falsas soluciones

La raíz de la devastación climática y social tiene nombres y apellidos: la industria del petróleo, el gas y el carbón. Redes como Oilwatch, desde hace 30 años, y más recientemente la Red Global sobre Gas y Petróleo (GGON, por sus siglas en inglés) han documentado incansablemente los impactos destructivos de esta industria a nivel global y a nivel local sobre las comunidades y la naturaleza..

Su modelo de negocio es incompatible con la vida y con los objetivos de detener y revertir el calentamiento global.

Mientras tanto, mecanismos financieros como el Fondo Verde del Clima (FVC) han demostrado ser ineficientes e ineficaces en atender la emergencia climática y se están convirtiendo en instrumentos de lavado verde, que continuarán profundizando un modelo depredador e insustentable si no canalizan sus recursos hacia una transformación real. 

Por el contrario, vemos cómo en los espacios formales de negociación y en las políticas nacionales, se continúa promoviendo falsas soluciones, como los mercados y compensaciones de carbono, los canjes de deuda por clima y naturaleza, la geoingeniería y muchas otras, que se imponen de manera injusta, inconsulta, sin participación ni transparencia, y sólo agravan la situación global y en los territorios, especialmente en los países y regiones más vulnerables y ya altamente endeudados.

Los territorios en disputa: el epicentro del conflicto

La crisis climática se manifiesta de forma brutal en nuestros territorios. Los incendios que devastan la Amazonía y otros extensos territorios de América Latina y el mundo, destruyendo vidas humanas y animales, bosques, pastizales y fuentes de vida, son un claro ejemplo. Estos incendios no son accidentes, sino el resultado directo de la combinación de las condiciones climáticas y los intereses de la agroindustria, la ganadería industrial y los monocultivos forestales, que impulsan las políticas de quema, acaparamiento de tierras y posterior venta a bajo costo, y que sólo dejan migajas en los territorios devastados mientras destruyen los bienes comunes de los que depende nuestra vida y nuestro futuro.

Son muchos, intensos y diversos los impactos climáticos causados por los grandes emisores de gases de efecto invernadero: la sequía, la erosión costera, el incremento del nivel del mar, plagas, destrucción de las cosechas, problemas de salud, pérdida de vidas e identidad cultural, cambio en patrones de lluvia, salinización y eventos extremos acechan nuestras comunidades. Nuestros medios de vida y los ecosistemas están siendo destruidos y sufrimos daños y pérdidas por una economía que no protege el ambiente ni el clima.

Esta situación, agravada  por la deforestación y el uso de la tierra para el agronegocio o las plantaciones forestales, ejerce una presión insostenible sobre los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos. Son territorios sacrificados para el capital.

Esta degradación ambiental intensifica las luchas territoriales. Conflictos por el acceso al agua, la tierra y los bosques se agudizan, exacerbando el racismo y las injusticias sociales, económicas, ecológicas. No son simples disputas por recursos: son luchas por la supervivencia y la dignidad.

En este contexto, hoy enfrentamos la COP30 de cambio climático en Belén de Pará, Brasil; Cumbre  que ha despertado muchas expectativas, tanto por ser la primera en América Latina en más de 10 años, como por realizarse en un país bajo un gobierno progresista. Se espera una gran asistencia de movimientos sociales.

Nuestras demandas

Frente a este panorama, nuestra respuesta debe ser contundente y articulada. Ratificamos el   camino propuesto desde hace décadas, basado en la justicia, los derechos humanos y de la naturaleza y la democracia participativa: 

1. Detener la expansión fósil:
   Apoyamos incondicionalmente los esfuerzos de los pueblos y las organizaciones para detener toda nueva extracción de carbón, petróleo y gas, así como la construcción de nuevas infraestructuras asociadas. Es imperativo cortar los flujos de financiación, tanto públicos como privados, que alimentan esta industria destructiva. 

2. Apoyamos la lucha del pueblo en Ecuador que decidió mayoritariamente dejar el petróleo en el subsuelo del Yasuní-ITT en el 2023 como un camino posible de sociedades post-petroleras. Del mismo modo, apoyamos a Costa Rica que decidió una moratoria petrolera indefinida hace 20 años y que corre el riesgo de ser revertida. 

3. Apoyamos el camino que se amplía a partir de la propuesta por un Tratado de No Proliferación de combustibles Fósiles, por una salida planeada del carbón, el petróleo y el gas desde el multilateralismo, resaltando que la cooperación internacional ya no es opcional, sino un deber jurídico.

4. En el contexto regional urge que levantemos la voz frente al auge de la explotación petrolera en América Latina y el Caribe, con Brasil, Guyana y Argentina a la cabeza. En el plano territorial de la COP30, expresamos nuestra incondicional solidaridad y compromiso con las comunidades que enfrentan y rechazan las nuevas explotaciones petroleras en la Amazonía y con los pescadores de Brasil afectados por las actividades offshore.

5. Hacemos un llamado a tejer alianzas regionales para detener la expansión de la frontera fósil y defender mares, ríos, territorios y comunidades. Apostamos a una transición verdaderamente justa, con justicia ecológica, climática y territorial, que ponga la vida en el centro y no el lucro. 

6. Frente a ello, exigimos un financiamiento climático de carácter público, que provenga de los principales responsables de la crisis climática, que no genere endeudamiento y que no promueva ni permita la materialización de proyectos que perpetúan el extractivismo; y, por el contrario, se destine, mediante un acceso directo y ágil, a estrategias de transición justa, diseñadas y gestionadas con amplia participación de las propias comunidades, con protagonismo de mujeres, juventudes e infancias.

7. Rechazamos la propuesta del Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF por sus siglas en inglés), que entendemos como una falsa solución, un gran engaño a los pueblos del Sur Global y una forma de enriquecimiento del sistema financiero, que usufructúa ilegítimamente de los bosques tropicales, y concibe a la naturaleza y sus funciones ecológicas como mercancías, objetos de inversión y especulación financiera.

8. Fortalecer la democracia ambiental: En un contexto de profunda desconfianza en las instituciones, incremento de la violencia, llamamos a los gobiernos de la región para que ratifiquen e implementen sin demora el Acuerdo de Escazú, como una  herramienta fundamental para garantizar el acceso a la información, la participación pública,  la justicia en asuntos ambientales y la protección específicamente a los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. También exigimos el respeto a procesos de democracia plena y el cumplimiento del mandato popular en casos como el del Ecuador por el Yasuní.

9. Coordinación para la acción: La magnitud del desafío requiere una coordinación sin precedentes entre entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y, fundamentalmente, las comunidades locales y pueblos indígenas, quienes son los verdaderos guardianes de los territorios.

10. Reparar los daños y pérdidas: Nuestras comunidades y ecosistemas tienen el derecho a no ser lesionadas por el cambio climático. Los Estados son responsables de proveer mecanismos y medidas para reparar los daños y pérdidas que están destruyendo nuestros medios de vida y la naturaleza.

11. Llamamos a los gobiernos y actores político-institucionales que realmente quieran avanzar en el sentido de la justicia social, ecológica y climática, y enfrentar de manera efectiva las causas de estas múltiples crisis, y las amenazas y políticas de la ultraderecha, a escuchar a los movimientos y organizaciones sociales y comunidades movilizadas y sus demandas, a terminar con el extractivismo petrolero y minero y la mercantilización de los bienes comunes, y no continuar profundizando el modelo que ha provocado las crisis ambientales.

12. Necesitamos con urgencia una política regional y verdadera voluntad política para frenar los incendios forestales que están devastando nuestra biodiversidad, la Amazonía y nuestras comunidades. 

Invitamos a las organizaciones de la Cumbre de los Pueblos hacia la COP30 y todas las organizaciones aliadas en América Latina y el resto del mundo a unir nuestras fuerzas para promover las alternativas reales, forjar una transición verdaderamente justa y defender nuestros territorios como espacios de vida y soberanía para las generaciones presentes y futuras.

Suscriben: